COP30: lo que nos une y separa ¿Cuáles son los retos para la implementación de los acuerdos de la COP30 en América Latina?

Hace exactamente 10 años, el 12 de diciembre del 2015, el mundo celebraba la firma del documento más ambicioso y determinante para el futuro del planeta. El Acuerdo de París llegaba no sólo como un símbolo, sino como un acto concreto que demostraba que era posible que países con distintas ambiciones e ideologías unieran esfuerzos para evitar que la temperatura del planeta continuará en aumento. Pero, al cumplirse una década, esos puntos de encuentro cada vez son más escasos y el objetivo aún está lejos de cumplirse.

Con el paso de los años, en cada Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP), donde se evalúan las acciones y se llegan a nuevos compromisos enmarcados en el Acuerdo de París, la esperanza pareciera esfumarse ante la falta de consensos para elevar la ambición climática.

Este año, todas las expectativas estaban puestas en la COP30, no solo por conmemorarse una década del Acuerdo, sino también porque la conferencia volvía a Latinoamérica después de 11 años y por realizarse por primera vez en la Amazonía, una de las regiones más impactadas por el cambio climático.

A pesar de los hitos que rodeaban a esta COP, el fantasma de la salida de Estados Unidos del Acuerdo de París, el avance del negacionismo climático en el mundo y la resistencia que causa hablar de la eliminación de los combustibles fósiles en esta época, también iban a ser determinantes para esta conferencia.

Esto último se vio reflejado en los resultados, que dejaron un sabor amargo, sobre todo para la región que acogió esta COP. La molestia fue evidente en la plenaria final, donde los países latinoamericanos fueron calificados por el delegado ruso como “niños que quieren meter las manos en todas las bolsas de caramelos”, por exigir compromisos concretos y quejarse ante la falta de transparencia en el proceso de toma de decisiones.  

Pero no se puede decir que esta COP fue un fracaso, ni tampoco un éxito. Se destaca la adopción de compromisos como la definición de los indicadores para medir la adaptación, la alta presencia de pueblos indígenas y las intenciones de algunos países de promover la transición lejos de los fósiles. Sin embargo, en un mundo que busca evitar que se superen los 1,5 C de promedio de temperatura al año 2100, cuando ya se han alcanzado los 1,2 C al 2025, los pequeños avances ya no causan esperanza, sino preocupación.  

Ahora, tras el fin de la COP30, empieza el desafío de llevar esas decisiones a la práctica, especialmente en una región marcada por diferencias políticas y con dificultades económicas.

Latinoamérica unida frente a la adaptación

La adaptación, como se vio en la plenaria final, fue un tema que unió a los países de la región. A diferencia de lo que se acostumbra en estos eventos, todos actuaron como un frente unido para expresar su rechazo al proceso y a lo que se acordó en temas de adaptación.  

Esto se relaciona con que Latinoamérica es una de las zonas que menos emisiones genera, pero que más sufre los impactos del cambio climático. Por lo tanto, tener claro el panorama para aumentar su resiliencia y disminuir su vulnerabilidad es esencial. Pero en la última sesión de la COP30, en lugar de adoptar los 100 indicadores para medir la adaptación, en los que se había trabajado durante los últimos dos años, se aprobaron 59, que no fueron discutidos ni revisados.

“No podemos respaldar un resultado de la Meta Global de Adaptación que represente un retroceso. Los indicadores fueron publicados muy tarde y no son los que negociamos. No hay metadata y no hay metodología”, dijo la delegada de Panamá durante la plenaria.  

Tampoco se estableció un compromiso financiero para monitorear estos indicadores y finalmente se adoptó triplicar el financiamiento para temas de adaptación, pero para el 2035, no para el 2030, como demandaban estos países. ¿Cuál es el problema con el año? En 10 años los eventos climáticos extremos serán más fuertes y se necesitará más dinero para hacerles frente.

El Informe de la Brecha de Adaptación  del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambienteevidencia que, para 2035, las necesidades de financiación de los países en desarrollo para adaptación serán al menos 12 veces superiores a los flujos actuales de financiación pública internacional.

Ahora empieza un trabajo de dos años para llevar lo que está en el papel a la práctica. Hasta el 2027, se trabajará en metodologías para mejorar y aclarar cómo será la implementación de estos indicadores y su integración en las políticas nacionales.

La brecha ante los combustibles fósiles 

A diferencia de lo que tiene que ver con adaptación, hay otro tema que en lugar de unir a los países latinoamericanos, los separa: la eliminación o reducción de los combustibles fósiles. Esto fue evidente en el resultado final de la COP30, que dejó de lado cualquier mención al petróleo, gas o carbón.

A pesar del apoyo de más de 80 países a una hoja de ruta para la transición justa lejos de los combustibles fósiles, el texto final no los incluyó. La presión de los petroestados como Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Egipto y Catar, junto con el lobby de la industria fueron los ganadores en este ‘round’.

De hecho, uno de cada 25 acreditados a la COP estaba relacionado con los combustibles fósiles, según un informe de Kick Big Polluters Out, una coalición de 450 organizaciones que se oponen a la influencia de las industrias contaminantes.  

En esta hoja de ruta también se evidenciaron las distintas posiciones de los países de Latinoamérica. Datos recopilados por el medio Carbon Brief demuestran que, mientras algunos como Brasil, Colombia, Chile, Costa Rica, México, Panamá y Perú están en la lista de los que apoyaban esta transición, otros como Argentina, Bolivia, Ecuador, Paraguay, Uruguay y Venezuela estaban entre los opositores.  

En el caso de Ecuador, no es una sorpresa, ya que se apuesta por un modelo dependiente del petróleo. Esto incluso lo expresó Inés Manzano, ministra de Ambiente y Energía, durante la COP30. Por otro lado, el gobierno de Daniel Noboa impulsa dos subastas petroleras en la Amazonía: la Rondas Suroriente y la Subandina, en las provincias de Pastaza y Morona Santiago. Según la organización Amazon Frontlines, son 2,3 millones de hectáreas que se superponen con los territorios de siete nacionalidades indígenas—sápara, shiwiar, waorani, kichwa, achuar, shuar y andoa—.

Con un Estado debilitado en materia ambiental y dependiente de los combustibles fósiles, la ausencia de una hoja de ruta clara para dejar de lado estos contaminantes perpetúa la explotación en bosques primarios, contaminación y la afectación a pueblos y nacionalidades indígenas que viven en estas zonas.

En la orilla opuesta se encuentra Colombia que, junto con Holanda, anunciaron que en abril 2026 se realizará la Primera Conferencia Internacional para la Eliminación Global de los Combustibles Fósiles, en Santa Marta. Las expectativas están puestas en los resultados de este encuentro, donde Brasil también retomará su compromiso para promover una hoja de ruta hacia una transición energética justa que gane más espacio en la COP31 de Turquía.

Omisión de los minerales en el Programa de Transición Energética Justa 

La COP30 cerró con la aprobación del texto del Programa de Transición Energética Justa, un documento político llamado a apoyar el rumbo hacia la salida global de los combustibles fósiles. Sin embargo, lo que pudo ser un avance histórico, terminó generando preocupación entre organizaciones ambientales y pueblos indígenas:  las referencias a los minerales críticos y a los impactos de su extracción fueron eliminadas del texto final. 

En los primeros borradores, el Programa reconocía que expandir las cadenas de suministro para tecnologías de energía limpia conlleva riesgos socioambientales, especialmente, por la extracción y procesamiento de minerales. El extracto admitía que la transición energética también dependía de territorios vulnerables. Esa frase desapareció. 

“Fue una decepción terrible para quienes somos afectados por temas mineros, porque te muestra que no hay voluntad política para regular eso”, expresó María José Andrade Cerda, dirigente de Confeniae y originaria de Napo, provincia ecuatoriana, donde la minería se ha expandido en un 300% en seis años. 

La omisión de los minerales no es un hecho aislado para Ecuador, un país donde comunidades indígenas y poblaciones locales han rechazado sistemáticamente la minería mediante procesos democráticos y territoriales. En distintos ejercicios de Consulta Popular y Consulta Previa, la respuesta se ha repetido. Entre los casos más emblemáticos se encuentra Quimsacocha, Intag y el Chocó Andino.  

Sin embargo, estos mandatos suelen enfrentarse al mismo problema: los resultados se desconocen o se diluyen en decisiones estatales que priorizan la explotación de recursos. Por eso, para Ecuador, la exclusión del tema minero en este texto de la COP30 no es solo un vacío técnico; es un retroceso que deja otra vez a los territorios en la sombra. 

Más presencia indígena, pero poca incidencia real 

Esta Conferencia fue presentada como la más inclusiva de la historia. “Esta es la COP con mayor participación de pueblos indígenas”, anunció con orgullo Sônia Guajajara, ministra de los Pueblos Indígenas de Brasil, destacando los 900 representantes indígenas acreditados en la zona azul, tres veces más que en la COP anterior. 

Pero la presencia numérica no se tradujo en influencia real. “Lamentablemente no tenemos poder de decisión. Estamos presentes porque sabemos la urgencia del problema, porque el sistema está destruyendo el planeta y a nosotros”, señaló Bryan Bixcul, líder Maya-Tz’utujil y coordinador global de SIRGE. 

Pese a las omisiones de los minerales, líderes indígenas celebran un logro en este texto: la inclusión del consentimiento libre, previo e informado (CLPI) en el párrafo 12. En este también se reconoce que todas las rutas de transición energética respeten los derechos individuales y colectivos de los pueblos indígenas; y menciona explícitamente a los pueblos en aislamiento voluntario y contacto inicial, algo sin precedentes en este tipo de acuerdos. “Jamás hubo un texto tan claro sobre la necesidad de respetar los derechos de los pueblos indígenas”, celebró Bixcul. 

Estos temas son claves para Ecuador. Al igual que el texto del Programa de Transición Justa, en el artículo 57 de la Constitución ecuatoriana se reconoce que, la Consulta Previa, Libre e Informada es un derecho fundamental para comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianos y montubios. Sin embargo, la reciente Consulta Popular preocupó a organizaciones y defensores de la naturaleza por el temor a un retroceso en cuanto a derechos de la naturaleza. Finalmente, el resultado de las votaciones no dio paso a cambios en la Constitución, pero las organizaciones se mantienen en alerta. Por otro lado, el texto acordado del Programa refuerza la importancia de que estos derechos se mantengan en las leyes nacionales.  

Otro de los logros de la COP30 para los pueblos indígenas es la decisión de desarrollar un mecanismo de transición justa para la asistencia técnica, la cooperación internacional y el fortalecimiento de capacidades. Este es uno de los puntos que tendrá relevancia en el 2026, ya que se espera que, durante las reuniones de junio de los órganos subsidiarios (técnicos y científicos) en Bonn, Alemania, se construya un borrador y se discuta el tema en la COP31 de Turquía. Con base en la experiencia de este año, se viene una nueva etapa en la que los pueblos indígenas demandarán una participación plena y efectiva no solo en este mecanismo, sino en las siguientes mesas de negociaciones.