FES: Ustedes conocen de cerca las dificultosas trayectorias de personas migrantes en Ecuador. Siendo Ecuador un país atravesado por la migración, cuya población en el extranjero asciende a aproximadamente un millón y medio de personas, cómo evalúan ustedes la situación actual ¿cuáles son las principales razones para que las personas migrantes decidan asentarse en Ecuador, cuáles para que decidan salir del país? ¿Dónde quedó el derecho de la ciudadanía universal?

Cristina Burneo: Primero, creo que la ciudadanía universal nunca existió. Se trata de un derecho formal que hasta la fecha no contiene políticas claras en cuanto a presupuestos, integración, entre otras. En ese sentido, las políticas no han sido del todo respetuosas con las luchas, exigencias ni con la realidad que afecta a las personas migrantes. Actualmente vivimos en una época de desplazamientos masivos, forzados y globales, por distintas razones (desamparo económico, racismo, violencia y discriminación sexual –de lo cual se habla poco-, así como el cambio climático), dejando en situaciones de vulnerabilidad a muchas personas migrantes, no solo en Ecuador. Sin embargo, las razones por las que millones de personas migran de Ecuador desde el año 1998 han sido principalmente económicas por la falta de oportunidades. Esto resulta paradójico, ya que las personas que a su vez deciden migrar hacia el Ecuador, lo hacen porque perciben estabilidad en la economía dolarizada del país, a la vez que se considera a Ecuador un país con menor violencia social que sus vecinos del Norte. Sin embargo vemos que esto no es así, que las violencias transnacionales se expresan de diversos modos de los cuales Ecuador no está exento. La mayoría de los flujos migratorios desde y hacia el país tienen que ver con el desamparo de los Estados que permiten distintas violencias: raciales, sexuales, económicas, entre otras.

Isabel González: Nuestras investigaciones nos han permitido poner en evidencia cómo el hecho de huir de un país en medio de un conflicto, sin visos de solución, conlleva expectativas que fácilmente se desdibujan. Las personas huyen de violencias que, lamentablemente, se ven también reflejadas en el lugar de destino: violencias físicas, racismo, clasismo, violencia económica, imposibilidad de acceder a servicios de salud, educación. Las experiencias de las familias con las que trabajamos evidenció precisamente ese abandono, tanto del Estado colombiano, cuanto del ecuatoriano. Algunas personas llevan en Ecuador casi dos décadas, en las que los distintos gobiernos no han podido consolidar una política que trate adecuadamente las problemáticas por las que atraviesan las personas en situación de refugio. Esto se materializa en los cuerpos de las mujeres, ya que ellas llevan la carga de sobrevivir tales violencias. La mayoría viajan con hijes y son soporte económico y emocional de sus hogares migrantes. Son sometidas a violencias sexuales o físicas o a tener que vivir bajo condiciones de abuso para poder acceder a un puesto de trabajo o tener dónde vivir. Así, las mujeres deben soportar un continuum de violencias extremas, arrastradas sobre su cuerpo desde el lugar donde salen para que cuando lleguen a un destino las violencias no solo que persistan, sino que no se las entienda. A las comunidades ecuatorianas les cuesta comprender que quienes buscan refugio en el país lo hacen en una situación de emergencia, de allí surgen los señalamientos y la xenofobia sin que se puedan generar soluciones o iniciativas a favor de la protección de estas personas.

Cristina Burneo: Se trata de políticas inexistentes, o que a su vez provocan victimización secundaria (revictimización). Por ejemplo, las personas refugiadas reciben derechos formales a través de sus carnets, sin embargo, apenas acuden a cualquier instancia estatal la burocratización de la vida se torna en primer plano, eliminando la circunstancia de la protección del refugio. Esta mera formalidad de los derechos la hemos constatado una y otra vez. Existe formulación de políticas, pero son retóricas. De esta manera, no solo que no se cumple con la protección de las personas, sino que se las desampara, excluye o desprotege activamente. Mujeres colombianas que sufren violencia sexual no pueden poner una denuncia en fiscalía, a veces ni les aceptan sus documentos.

Isabel González: Adicionalmente, es usual que no se crea en la palabra de las personas refugiadas, siempre está en entredicho su memoria, sus saberes, sus experiencias. Esto fue algo que quisimos interpelar a lo largo de la investigación, pues debido a ello no solo que sufren violencias, sino que su salud mental queda también destruida.

Josep Vecino: Es importante, primero, que la política migratoria deje de burocratizar la vida de muchas personas, despojándoles de sus derechos. En nuestra experiencia de trabajo, uno de los grandes retos, tanto para el Estado como para las organizaciones sociales, es el de entender la situación de las personas refugiadas que huyen de un conflicto activo. Gran parte de la población no ve a las personas como víctimas del conflicto, sino como victimarias, y eso las estigmatiza. En este sentido, lo importante es que a las personas se las entienda y apoye desde lo que han vivido y enfrentado, es decir, cubriendo sus necesidades básicas. Las respuestas deben trascender esta estigmatización, pues las personas terminan en situaciones precarias, o en las calles. El Estado no ve diferentes casos de refugio y todas las personas acaban siendo una misma. La política debe dejar de ver en estas personas números, formularios y expedientes, especialmente si se habla de una ciudadanía universal. El objetivo de dichas políticas debe ser el de reducir la burocratización de la vida de las personas refugiadas. Finalmente, se debe tomar en cuenta que las políticas no se viven de la misma manera en el cuerpo de una mujer que en el de un hombre, o que en el de una niña o un niño, ello merece una respuesta urgente del Estado.