Los defensores ambientales enfrentan graves riesgos en América Latina mientras sus gobiernos perfeccionan políticas extractivistas bajo el pretexto de buscar “desarrollo” y “progreso”. Los Estados de la región y sus sucesivos gobernantes -sin importar sus tendencias ideológicas- han elaborado durante años distintos mecanismos políticos para violar los mismos instrumentos internacionales que suscriben. Uno de ellos es el Acuerdo de Escazú, que entró en vigencia en 2020.

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En la coyuntura actual de pandemia, interconexión y problemáticas que atraviesan fronteras, entre ellas el cambio climático, es necesario pensar en la cooperación internacional y regional como una condición necesaria para la efectividad de cualquier mecanismo que promueva la democracia ambiental y desarrollo sostenible.

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Historias de mujeres que defienden la vida y el territorio en Latinoamérica, como la de Alicia Cahuiya, la lideresa waorani enfrenta casi 30 años a los capitales petroleros, que invaden y contaminan el parque Yasuní, uno de los lugares más biodiversos del mundo y, también, el de mayor reserva de petróleo en Ecuador. Ante el anuncio del presidente Guillermo Lasso para ampliar la producción de hidrocarburos, los reclamos de Alicia están más vigentes que nunca. La amenaza a la vida de los waoranis y de otros pueblos indígenas se intensifica.

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